¿TRANSICIÓN NEGOCIADA?
El adelanto de las Elecciones Presidenciales es el resultado de negociaciones entre el Gobierno Nacional, la oposición y el Gobierno de EEUU tras reuniones secretas. Eso fue admitido y aceptado por las partes. De allí surgieron acuerdos que hablan de “Garantías Electorales”, pero nunca se ha mencionado la concertación para una “Transición Negociada”. El desarrollo del proceso electoral contradice tal posibilidad y deja un vacío en el discurso de la oposición.
El Gobierno Nacional enfrenta muchos elementos que anuncian una terrible crisis política ante el innegable descontento popular por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de la calidad de vida. Descontento que comienza a tener efecto en las filas del chavismo, pero el objetivo primordial del gobierno, en este momento, es lograr unas Elecciones Presidenciales cuyo proceso y resultado sean reconocidos internacionalmente. Hay factores de la oposición que buscan aprovechar esa realidad para lograr la mayor votación posible y abrir un espacio político que le permita negociar su participación en instancias de gobierno, lo cual no puede interpretarse como una transición política. Esa posibilidad constituye una simple apertura para un gobierno de amplia participación.
La oposición ha utilizado distintas estrategias para lograr el quiebre definitivo del gobierno de Maduro. La política de “máxima presión” con apoyo de Donald Trump y el interinato de Juan Guaidó fracasaron de manera estrepitosa. En este tiempo asumió un compromiso irrevocable con la “ruta electoral” dejando a un lado el abstencionismo y las aventuras insurreccionales. Esa oposición aceptó competir con las reglas establecidas, pero mantiene la esperanza en que un clima electoral desfavorable al Gobierno Nacional genere una crisis política interna en el chavismo y se abra el camino hacia una “Transición Negociada”. Quizás, ahí está el enigmático “hasta el final” de María Corina Machado.
Una “transición negociada” supone un acuerdo con condiciones aceptables y favorables para ambas partes. Suele sobrevenir en medio de una profunda crisis política paras evitar salidas violentas como ocurrió en 1993 cuando Carlos Andrés Pérez fue destituido y se nombró al Presidente del Congreso Nacional, Octavio Lepage, quien permaneció en el cargo 15 días porque la intensidad de la crisis política obligó a una negociación para designar al Senador Ramón J. Velásquez como Presidente (Interino) de la República con la responsabilidad de convocar unas elecciones que se celebraron en diciembre del mismo año.
Es pertinente admitir que el gobierno de Maduro tiene un marcado déficit democrático, pero no se puede calificar de dictadura, en el sentido estricto del término, porque su origen está en un proceso electoral que le da legitimidad. Tampoco se puede negar que utiliza mecanismos y toma decisiones con una carga de autoritarismo, pero sigue prevaleciendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la única que ha sido aprobada por voluntad popular. El país está funcionando, aunque tenga profundo déficit democrático. No hay una crisis de gobernabilidad. En ese contexto social y político no resulta conveniente hablar de “Transición Negociada” porque deja una brecha para el intervencionismo o injerencia internacional en los asuntos internos y es evidente que todo actor extranjero tiene sus propios intereses y atenta contra la autodeterminación de la nación. En una eventual crisis política que conduzca una “Transición Democrática” debe prevalecer la intervención interna como alternativa de solución.
La oposición no ha presentado propuestas alternativas para solucionar los grandes problemas del país y no promueve políticas institucionales para la recuperación económica de la nación que llevan a la reimplantación del Estado de Bienestar Social. La oposición prefiere promover la crisis cuando el interés supremo debería ser superarla. Promueve la crisis y celebra la reimposición de sanciones porque solo en ese contexto es posible hablar de “Transición Negociada”.
Jugar a que se profundice la crisis y el país llegue al punto de la ingobernabilidad para imponer una “Transición Negociada” constituye un atentado contra la democracia y los preceptos constitucionales.
Queda claro que una “Transición Negociada” solo es posible en medio de una crisis de gobernabilidad…lo demás es especulación política.
