LA SINIESTRA“LEY BOLÍVAR”
El momento político se torna delicado a medida que se acerca el 10 de enero. La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la “Ley Bolívar” como un refuerzo a las sanciones y el gobierno estadounidense anunció el reconocimiento oficial de Edmundo González como Presidente Electo de Venezuela, provocando un efecto cascado de decisiones contra el país. Inmediatamente, el Gobierno de Italia junto con Ecuador se sumaron a este reconocimiento como preludio de decisiones similares de otros países. Lula, Petro y la Unión Europea reafirman desconocimiento de resultados anunciados por el CNE. El Presidente Nicolás Maduro denuncia que está en marcha un “carmonazo”. En una semana recrudeció la tensión política de Venezuela con la Comunidad Internacional. La incertidumbre política y el asedio económico crecen al mismo ritmo. Se estremece el tablero diplomático.
La “Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegitimo de Venezuela”, mal llamada “Ley Bolívar”, fue presentada a comienzos del año 2021 por el parlamentario Michael Waltz quien ha sido designado, por el Presidente Donald Trump, como Asesor de Seguridad de la Casa Blanca. La ley había recibido la aprobación de la Comisión de Seguridad del Senado y permanecido engavetada. Repentinamente, los parlamentarios Michael Waltz, Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar removieron el proyecto y lograron su apresurada aprobación con el voto de demócratas y Republicanos en los estertores del gobierno de Joe Biden. Ahora, deberá recibir la aprobación del Senado y la promulgación del Presidente de EEUU para ese momento. La “Ley Bolívar” prohíbe de manera expresa al gobierno de EEUU contratar la ejecución de obras, firmar contratos o adquisición bienes y servicios con cualquier empresa o persona que mantenga relaciones con el Gobierno de Venezuela. Esto significa que se minimizan las posibilidades de cualquier relación comercial o alianza estratégica con el capital internacional para avanzar en la recuperación del aparato productivo. La industria petrolera, las Empresas Básicas y la empresa privada serían directamente afectadas, lo cual se convierte en un duro golpe al pueblo venezolano que termina pagando las consecuencias de tan brutal ataque contra la nación.
Michael Waltz, un miembro del ejercito devenido en parlamentario y nominado como Asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, ha señalado que esta ley constituye un mensaje que advierte sobre la profundización de las sanciones para minimizar el ingreso de capital a Venezuela y acelerar su aislamiento del mercado internacional. Parlamentarios Republicanos y Demócratas coinciden en un cambio estratégico de política de EEUU hacía Venezuela con menos apaciguamiento y más sanciones hasta debilitar posibles acuerdos comerciales internacionales. Es un mensaje claro a las empresas internacionales que buscan posibilidades de invertir en Venezuela.
Estas decisiones no deben sorprender al país, sorprende la velocidad y el momento en el cual ocurren porque EEUU, como potencia internacional, no logra resolver sus conflictos internos como la crisis histórica del bipartidismo acelerada por los problemas económicos y el tema migratorio que se combinan con una decadencia hegemónica en marcha. La presencia de Trump y su desafiante política puede acelerar una creciente turbulencia económica global y provocar un colapso internacional. Trump está acelerando la tensión geopolítica.
Solo la unidad nacional y un dialogo democrático puede ayudar a superar esta hora difícil para la Patria. No basta con inhabilitaciones perpetuas que dividen más el país. El 10 de enero no es el límite, puede ser un punto de inflexión para nuevas agresiones contra la nación. La Ley Bolívar es un mensaje que se convierte en ataque. El país exige un “Nuevo Consenso Social y Político”.
“Hablo de la conducta de los Estados Unidos del Norte con respecto a los independientes del Sur y de las rigurosas leyes promulgadas con el objeto de impedir toda especie de auxilio que pudiéramos procurarnos allí”.
Simón Bolívar