Dip. Héctor Barrios: gobierno central causa voracidad fiscal en estados y municipios al apropiarse del 60% del situado Constitucional
Guayana Libre
El legislador del CLEB, para el periodo legislativo 2022/2026, considera que tanto los estados, como municipios aceptan este desvió de recursos de las regiones hacia el gobierno central sin chistar, por seguir una política centralista de sus jefes partidistas, en desmedro de las inversiones que la descentralización otorga constitucionalmente a los estados y municipios.
Los paganinis son los más vulnerables
“Gobernaciones y alcaldías tratan de compensar esta apropiación indebida de sus recursos, aumentando hasta límites estrambóticos, los impuestos, tasas y multas que terminan pagando los empresarios, comerciantes y prestadores de servicios y que irremediablemente son trasladados al consumidor, estén o no desempleados, jubilados o pensionados” dice el legislador Héctor Barrios.
El legislador advierte a los funcionarios responsables, que las ordenanzas aprobadas en los concejos municipales y consejos legislativos, deben regirse por la Ley Armonización Tributaria, burlada por vías legislativas y judiciales para que los gobiernos descentralizados puedan pagar las nóminas abultadas de su burocracia y en la prestación de algunos servicios indispensables y obras para la comunidad.
Los comerciantes y empresarios de todo calibre
son pechados a todo nivel, desde los carrucheros en mercados populares hasta grandes cadenas de tiendas.
Cobros extorsivos y demandas de embargos
El manejo de desechos sólidos en rellenos sanitarios adscritos a las gobernaciones y el ministerio responsable, la recolección de Aseo urbano y domiciliario se ha convertido en un verdadero cuello de botella para un normal servicio que nunca fue tan oneroso y cuyos clientes morosos son embargados por empresas que no tienen esa cualidad de prestatario de servicio directo con un particular sino con el municipio, la gobernación y el ministerio responsable del servicio prestado, y menos con otra empresa o comercio y mucho menos con personas naturales.
La suspensión de pagos On Line a los organismos públicos, por morosidad y el cobro adosado a otro servicio como el servicio eléctrico, es una sentencia de cierre o embargo de propiedades y bienes. Donde el municipio se convierte en cómplice de un cobro extorsivo en lugar de facilitar la solución o defender, a quienes a la final, son quienes aportan la mayor cantidad de dinero para el funcionamiento del ente público. Concluyó el legislador Héctor Barrios.