EL LABERINTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
En un escenario marcado por una intensa confrontación postelectoral, amenaza de nuevas sanciones, asedio internacional e incertidumbre económica; el presidente de la República anuncia una Reforma Constitucional y señala que el objetivo principal es “democratizar el país hasta el infinito”. EL contexto nacional e internacional condiciona los objetivos legales de cualquier Reforma Constitucional y otorga prioridad a los propósitos políticos.
En el momento histórico que vive el país, una Reforma Constitucional no puede ser interpretada como un simple procedimiento legislativo para garantizar más democracia. Podemos interpretarla también, como una estrategia política de alto nivel para reconfigurar la correlación de fuerzas, reordenar las relaciones de poder entre los actores políticos y las instituciones, redefinir las reglas del juego electoral y proyectar un liderazgo emergente con la definición de un nuevo sujeto social reconfigurando el tablero político con el reacomodo de los grupos de poder.
Desde la perspectiva anterior, la Reforma Constitucional puede plantearse el objetivo político de institucionalizar el Estado Comunal Descentralizado con la incorporación de un nuevo Poder Público cuya fortaleza social emana de las organizaciones comunitarias y su soporte legal proviene de un cuerpo de leyes con plena vigencia; es lo que conocemos como Poder Popular. La otra alternativa es utilizar la Reforma Constitucional como un instrumento para la negociación que permita construir Nuevos Consensos Sociales y cohabitación política para recrear un gobierno amplio que acelere el tránsito hacia la plena reactivación económica, la reinserción en el mercado internacional y la recuperación del Estado de Bienestar Social. Cualquier contradicción entre ambos objetivos no los hace antagónicos ni excluyentes uno del otro, pudieran ser complementarios.
El Estado Comunal Descentralizado supone la instauración de la Democracia Directa como garantía de participación de las organizaciones populares con potestad de decisión en los asuntos públicos, pero sugiere una profunda reforma electoral que establezca elecciones de segundo grado como escudo protector del gobierno y el Estado. Este tipo de reformas genera muchas dudas sobre la permanencia de la alternabilidad y el pluralismo político. Su aprobación mediante consulta popular, en este escenario político-electoral, luce incierta.
Esta convocatoria a una Reforma Constitucional con la instalación de una Comisión Amplia puede convertirse en una oportunidad extraordinaria para propiciar un Gran Acuerdo Nacional que permita construir un Nuevo Consenso Social que garantice la estabilidad de la institucionalidad democrática, la alternabilidad y el pluralismo. Un Gran Acuerdo Nacional que trascienda todo interés grupal y adquiera rango constitucional con la legitimación popular. Los cambios y transformación del Estado pueden ser el resultado de esa convergencia política para darle más solidez institucional.
La Democracia Participativa y Protagónica establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una mixtura magistral de algunos principios de la Democracia Liberal y la Democracia Social que garantiza la participación protagónica tanto de los ciudadanos como las comunidades organizadas. La Democracia Participativa y Protagónica tiene un carácter inédito y trasciende los riesgos de cualquier Reforma Constitucional.