REFORMA PETROLERA Y SOBERANÍA NACIONAL

La velocidad con la que se ha impulsado la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos no puede entenderse fuera del contexto geopolítico actual. Todo indica que la presión de Estados Unidos, urgido por recomponer su acceso a fuentes energéticas seguras, ha acelerado un proceso que coloca a Venezuela en el centro de una disputa estratégica por mantener el control de la explotación y comercialización de las reservas de petróleo más grandes del planeta.
El argumento de los legisladores se basa en la urgencia de la modernización y atracción de inversiones, pero una apertura indiscriminada corre el riesgo de convertirse en entrega disimulada, donde el capital extranjero no solo financia proyectos, sino que condiciona la manera en que Venezuela explota y comercializa su riqueza. El riesgo es claro. Podemos pasar de ser un país con reservas estratégicas a una colonia petrolera administrada por las grandes transnacionales.
La reforma se sostiene sobre tres grandes ejes, a saber: 1) los Contratos de Participación Productiva (CPP), que permiten a las empresas privadas asumir la gestión integral de proyectos con un Estado limitado a recibir participación sobre volúmenes fiscalizados; 2) los incentivos fiscales para campos no desarrollados, que flexibilizan regalías y tributos con el fin de atraer inversión en yacimientos nuevos; y 3) la incorporación de mecanismos de mediación y arbitraje independientes, que trasladan la resolución de conflictos fuera del marco soberano venezolano
Lo comcerniente a las regalías es determinante. La ley vigente establece un pago fijo de 30 a 33% sobre la producción, mientras que la reforma propone reducciones temporales que pueden llevarlas hasta un 20 o 15% en campos nuevos, con el argumento de incentivar inversión. Esa diferencia porcentual, aparentemente técnica, implica una pérdida sustancial de ingresos para el Estado venezolano y abre un espacio de vulnerabilidad fiscal que puede repercutir directamente en programas sociales y en la capacidad de sostener infraestructura nacional.
La creación de Fondos Soberanos aparece como una estrategia de redistribución y legitimidad social. Uno de ellos está destinado a mejorar los ingresos de los trabajadores del sector y otro a financiar proyectos de infraestructura social y productiva. En teoría, podrían convertirse en instrumentos de justicia económica y de fortalecimiento del tejido social. Sin embargo, la experiencia reciente obliga a la cautela porque los últimos presidentes de PDVSA han salido bajo juicios de corrupción, lo que convierte a estos fondos en un riesgo extremo si no se blindan con transparencia y control ciudadano. El acierto potencial está en que, bien administrados, podrían canalizar la renta petrolera hacia la dignidad del pueblo y la reconstrucción de la infraestructura nacional; el riesgo es que se transformen en la mejor fuente de clientelismo político y corrupción institucional.
Los riesgos particulares son múltiples. La ley puede transformarse en un instrumento que facilite la subordinación de Venezuela al reacomodo internacional, reduciendo el país a un peón dentro de la partida energética global. La reducción de regalías y tributos debilita los ingresos del Estado venezolano, afectando programas sociales y dejando a los Fondos Soberanos como única promesa de redistribución. La seguridad jurídica internacionalizada, que antes permitía al Estado resolver directamente los conflictos, ahora traslada las decisiones a arbitrajes externos que pueden imponerse sobre la Soberanía Nacional. El resultado puede ser negativo. Alta inversión extranjera sin control estatal, equivale a perder la capacidad de decisión sobre nuestro principal recurso.
La defensa de la Soberanía Nacional no es un gesto retórico, es una necesidad histórica. Venezuela no debe permitir que su riqueza petrolera sea administrada bajo presiones externas ni convertida en moneda de cambio en negociaciones geopolíticas. El ejercicio de soberanía sobre las reservas petroleras es el núcleo de nuestra independencia y el fundamento de cualquier proyecto de desarrollo.
La reforma debe ser discutida con calma, transparencia y participación social, no aprobada con la prisa que busca satisfacer urgencias ajenas. El petróleo no se entrega, se defiende. La verdadera modernización no está en entregar la llave de nuestras reservas, sino en garantizar que cada gota extraída fortalezca la dignidad del pueblo venezolano y la soberanía de la nación.