¿HACIA DÓNDE VAMOS?
La juramentación de Nicolás Maduro como Presidente de la República disminuyó la tensión política. El acto constitucional estuvo precedido de movilizaciones convocadas con la intención de estimular la crispación popular y el desorden callejero. Predominó una manipulación mediática que solo ha servido para desacreditar la democracia y desnudar una raída dirigencia confortada por las redes sociales. Se han levantado confusas expectativas en un pueblo trabajador que sigue preguntándose: ¿Hacia dónde vamos?
Se considera que entramos en una nueva etapa, aunque no se descifra un nuevo paradigma. Se postula el Poder Popular como sujeto determinante de la Democracia Participativa y Protagónica y al mismo tiempo se anuncia una profunda Reforma Constitucional para definir el nuevo Estado Comunal como soporte de la Democracia Directa.
Con todos sus matices y criticas lo primero que el gobierno venezolano necesita evaluar, interpretar y atender es la reacción de la Comunidad Internacional ante la juramentación del Presidente Nicolás Maduro. El no reconocimiento de su investidura presidencial y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, la ruptura de relaciones diplomáticas con países de América Latina combinado con el anuncio de nuevas sanciones desde la Unión Europea, Reino Unido y EE.UU pueden provocar un aislamiento del país, frenar su reinserción en el mercado internacional y ralentizar su progresiva recuperación económica. Así, la reconstrucción de las relaciones internacionales se convierte en una urgencia para el país y demanda acciones que requieren mucha astucia diplomática.
La reconstrucción de las relaciones internacionales es un desafío que está marcado por las relaciones de Caracas con Washington. En pocos días comienza a descifrase el dilema entre “máxima presión” o “pragmatismo asfixiante” que definirá las acciones del gobierno de Donald Trump hacía Venezuela. Ante esta realidad, cualquier matiz de una política antimperialista sugiere un discurso menos agresivo en el verbo y más sólido en el planteamiento de fondo para consolidar una relación de respeto mutuo con absoluta independencia. Sea cuál sea la definición, esta relación será muy difícil porque estará influenciada por los “tecnomagnates” y neoliberales extremistas que conforman el equipo de gobierno de Donald Trump.
Otra gran urgencia del país es la recuperación del Estado de Bienestar Social y los beneficios laborales conculcados a los trabajadores, jubilados y pensionados. La atención inmediata de esta urgencia pasa por una renovación integral del Gabinete Ejecutivo donde prevalece una controversial “visión monetarista” de la política económica del gobierno. Cualquier transformación del Estado requiere deslastrarse del burocratismo, la ineficiencia y la corrupción que constituyen un obstáculo para impulsar el Plan de las 7 Transformaciones.
La nueva etapa anunciada trae una inmensa carga de desafíos políticos, económicos y sociales que no se pueden afrontar con una caduca polarización ni antagonismos prefabricados que solo sirven para alimentar tensión política e incertidumbre social. El país necesita políticas institucionales que unifiquen todos los sectores sociales y políticos en torno a un objetivo común: Venezuela. No se trata de diálogos mediatizados, es necesario un “Nuevo Consenso Social” que parta de un dialogo nacional democrático, diáfano, transparente y respetuoso.
“Por ahora”, no hay mucho que celebrar. Se avecina un tiempo complejo que requiere el esfuerzo colectivo para repensar el país y definir hacia dónde vamos con más precisión.